El 22 de Marzo de 2002, un grupo de 3 militares armados, se presentó al domicilio de la Sra. Inés Fernández Ortega, indígena Me’phaa, residente en Barranca Tecoani, estado de Guerrero, quien en ese momento se encontraba con sus cuatro hijos. Los militares la interrogaron y al no responder los cuestionamientos de éstos, uno de ellos le ordenó se tirara al piso, donde la violó sexualmente mientras los otros dos observaban. Dos días más tarde interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público de Ayutla de los Libres, en donde en principio no se contaba con intérprete ni médica forense para el examen médico legista, así el procedimiento se fue dilatando, generando diversas violaciones a los derechos procesales de la señora Fernández.
Asimismo, el Ministerio Público Civil, se declara incompetente para conocer del asunto y lo turna al Ministerio Público de la Jurisdicción Militar, en donde determinan que no se acredita la comisión de algún delito por parte de algún miembro de la milicia, por lo que remiten el expediente a la Procuraduría General del Estado de Guerrero. Posteriormente se solicita la colaboración de la Procuraduría General de la República, para apoyo en diligencias de investigación. Años más tarde se envía nuevamente el expediente a la jurisdicción militar sin que la investigación se pueda integrar. Cabe señalar que el Estado Mexicano negó la Justicia por más de 8 años a la Señora Inés.

Entre los puntos resolutivos más importantes de la sentencia la Corte determina que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad y a la vida privada, consagrados, respectivamente, en los artículos 5.1 y 5.2, 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en relación con los artículos 1.1 de la misma y 1, 2 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, el Estado es responsable por la violación del derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en el domicilio, consagrado en el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De igual forma, México incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia, establecido en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1. del mismo instrumento. La Corte determinó que la sentencia constituye una reparación en sí misma, y dicta una serie de medidas de reparación entre las que destacan conducir el fuero ordinario de justicia eficazmente y en un plazo razonable, examinar la conducta de los funcionarios públicos que actuaron con negligencia y determinar sus responsabilidades, ajustar la legislación interna del fuero militar a los parámetros establecidos en la convención Americana, en consecuencia, adoptar medidas adecuadas para proveer a las personas civiles de un recurso de impugnación contra la injerencia del fuero militar.