Se trata de un Juicio de Revisión Constitucional Electoral, promovido por el Partido Verde Ecologista de México, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Distrito Federal el 10 de abril del 2008. Dicha sentencia confirma una multa que la autoridad administrativa electoral del Distrito Federal impuso al Partido Promovente, por haber violado la normatividad que prescribe una determinada cuota de género en las candidaturas.
La sanción consistió en el hecho de que la coalición “Unidos por la Ciudad” conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, solicitaron y obtuvieron el registro de María Claudia Esqueda Llanes, como candidata a Jefa Delegacional en Cuauhtémoc, la que posterior al registro y argumentando causas de fuerza mayor y ajenas a su voluntad, solicitó su renuncia y obtuvo la sustitución por Juan Francisco Díaz Aguirre, faltando así el Partido Verde Ecologista (PVE) al porcentaje mínimo requerido para cumplir con la cuota. Lo que generó que la autoridad administrativa procediera a imponer una sanción económica.
Los principales argumentos del partido verde son los siguientes: 1) no haber violado la cuota de género, ya que en el momento del registro cubrió dicha cuota, por lo que se tuvo en ese momento procedimental por cumplida la ley; 2) combatió la imperfección de la cuota de género, argumentando que dicha norma es imperfecta, ya que no contempla la sanción correspondiente derivada de su incumplimiento, además, “dada su naturaleza de buena intención su aplicación estricta, de acuerdo con los elementos que la conforman, si llegare entrar en conflicto con los principios que rigen al derecho electoral, necesariamente tal confrontación deberá resolverse con base a éstos últimos y nunca a la interpretación subjetiva que realiza la autoridad responsable” , 3) se dijo imposibilitado a cumplir por causa de un acontecimiento que fuera dominio de su voluntad y que no había podido prever o que bien, aun previéndole no ha podido evitar, como lo es la renuncia subrepticia de la candidata a Jefa Delegacional.
El Tribunal Electoral dicta sentencia revocando el acto impugnado por errores de forma, pero para efecto de individualizar las multas impuestas a los partidos por el incumplimiento de la cuota de género, por lo que no exime de responsabilidad al partido político por la violación a la cuota. Estimó que “la observancia de la cuota de género no se agota una vez que se registran las candidaturas de un partido político o coalición, sino que es una regla que debe ser observada en todo momento durante el desarrollo del proceso electoral, puesto que su finalidad es, precisamente, dar igualdad de competencia y participación a los géneros. Considerar lo contrario implicaría que la autoridad permitiera que se violentara la normativa electoral y se actualizara un fraude a la ley…” , pues aún la renuncia de la candidata sea ajena a la voluntad del partido, si atañe al mismo, el hecho de realizar la sustitución de ésta por otra candidata mujer, sin embargo, y a pesar del apercibimiento de que se encontraba en incumplimiento a la normativa, decidió continuar con la postulación de un candidato hombre. Asimismo, el tribunal expresó que las cuotas de género no son leyes que connotan buenas intenciones, sino normativa que es obligación de los partidos cumplir en apego a la legalidad, pero sobre todo a los criterios democráticos para lograr igualdad de competencia y participación a los géneros, considerar lo contrario implicaría que la autoridad permitiera que se violentara la normativa electoral y se actualizara un fraude a la ley.

El Tribunal Federal resolvió revocar la sentencia del Tribunal Electoral del Distrito Federal de fecha 10 de abril de 2008, y en consecuencia dejar sin efectos la resolución del Instituto Electoral del Distrito Federal, en virtud, de que en dicha resolución administrativa la autoridad no individualizó la multa impuesta a cada uno de los partido que conforman la coalición “unidos por la Ciudad”. Lo anterior no exime de responsabilidad a la parte promovente por haber violado las disposiciones del Código Electoral Local en lo que se refiere al cumplimiento de la cuota de género. Por lo que la sentencia se considera para efectos de volver a dictar una resolución administrativa sancionando al partido, pero con las formalidades que exige la ley.