La Sala consideró en el caso analizado si la extinción del contrato de trabajo respondió o no a un factor constitucionalmente prohibido por discriminatorio y contrario a la dignidad de la mujer (derecho a la igualdad). Esto es, si tras el acto empresarial resolutorio subyace una circunstancia (el estado de gestación) que tiene con el sexo de la demandante una conexión directa e inequívoca, pues la maternidad y, por tanto, el embarazo y el parto, son una realidad biológica diferencial que no puede acarrear, conforme a la interdicción de la discriminación por razón de sexo, perjuicios a la mujer trabajadora. Los argumentos antes presentados, son relevantes en tanto se reconoce por parte del juzgador la racionalidad que existe en torno a la discriminación por razón de sexo. Esta forma de discriminación se origina en buena parte de los casos, por un hecho biológico, que se vincula al sexo femenino. Asimismo, reconoce que estos hechos que de manera indiscutible se vinculan al sexo de la mujer, deben considerarse relacionándolos con el efecto que tienen con el empleo. Lo que nos permite apreciar que el juzgador se aproxima al problema considerando las causas que lo ocasionan y poniendo atención en que las medidas que se tomen para evitarlos, deben tener un efecto óptimo y oportuno. Partiendo de que los tratos desfavorables en el trabajo basados en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen una discriminación por razón de sexo proscrita por el art. 14 CE. La Corte ha estimado diversos recursos de amparo relativos a la materia del presente caso, la Corte ha afirmado que la misma conclusión debe prevalecer ante decisiones causales, como el despido, pues la paridad que impone el segundo inciso del art.14 CE en lo que se refiere a las condiciones de trabajo, comprendido el supuesto extintivo, implica que se garanticen a hombres y mujeres las mismas condiciones en el empleo, sin discriminación por razón de sexo. Así, el embarazo, al ser un hecho biológico únicamente atribuible y vivido por las mujeres, se configura como un elemento por el que una mujer puede ser discriminada y ante el que tanto legislaciones nacionales como internacionales han regulado de manera específica normas que prohíben la discriminación en razón de estas circunstancias o por el hecho de ser mujer. Los argumentos antes presentados, son relevantes por el marcado énfasis que se pone en que las diferencias entre hombres y mujeres no deben suscitar discriminación y menoscabar las oportunidades y derechos de las mujeres. Es importante resaltar que es altamente destacable que el juez inicie el análisis del caso precisando tales puntos en torno a la prohibición de la discriminación, lo que nos permite apreciar que el juzgador tendrá una mirada contextualizada sobre la compleja problemática que rodea la realidad de discriminación, para el caso concreto, en el entorno laboral en el que se encuentran muchas mujeres. Los argumentos del Tribunal Constitucional muestran una interpretación acorde con el alcance de la definición de discriminación contemplada en la CEDAW y con la interpretación que hace el Comité de expertas de la CEDAW de artículos de la misma y que son aplicables al caso concreto.